Lino Mirabelli aceptó la donación de 1,6 millón de pesos que ya había consensuado con el Fiscal. Se deberá abonar un total de 3 millones porque hay que sumarle la parte que había acordado Fabiola Yañez.
El Juez Federal Lino Mirabelli homologó hoy el acuerdo alcanzado entre el fiscal Fernando Dominguez y Alberto Fernández por la Fiesta en Olivos. Tal como estaba previsto, el presidente deberá transferir en los próximos días 1,6 millón de pesos al Instituto Malbrán. De esa manera, quedará sobreseído formalmente, aunque la causa seguirá adelante para otros imputados.
“No se vislumbran razones para sostener que el ofrecimiento realizado y acordado con el M.P.F., sea inadecuado desde el punto de vista de los requisitos legales que demanda el instituto”, dice la resolución a la que tuvo acceso Infobae. Y agrega: “No existe controversia alguna entre las partes en orden a la calificación legal del hecho, la operatividad del instituto invocado, la extensión del perjuicio y la proporcionalidad del ofrecimiento, se admitirá el acuerdo alcanzado entre la defensa y el titular de la acción penal pública”.
Mirabelli destacó en la resolución un dato que tuvieron en cuenta los abogados desde el comienzo de la causa: la mayoría de las causas que tramitaron en San Isidro por el artículo 205 del Código Penal (violar las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia) terminaron con una reparación. “Ello permitió mitigar el impacto que sobre el sistema de justicia ha generado el gran caudal de casos expuestos, brindando, a la vez, una respuesta eficaz y vinculada a la protección de los intereses supraindividuales en juego (salud pública)”, opinó el Juez.
En los hechos, la causa ya había quedado cerrada a partir del acuerdo con el fiscal, que decidió tomar como parámetro el valor de un respirador. “El monto ofrecido en concepto de reparación cubriría el precio de un respirador para ser utilizado en módulos de atención UCI de pacientes con COVID 19 más cuatro días de internación en un módulo de atención en UCI con ARM con pacientes con COVID-19, o un total de cuarenta días de internación en modulo de atención UCI con ARM de paciente con COVID 19″, sostuvo el fiscal.
Lino Mirabelli, Juez Federal de San Isidro (Foto.- Quique Galletto)
En lugar de someterse a una indagatoria y a una posible condena por violar los decretos que él mismo había firmado, el Presidente optó por la “reparación económica”, prevista en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal. La semana pasada, durante una entrevista con Ernesto Tenembaum, justificó esa estrategia: “Los funcionarios, incluso los presidentes, tienen los mismos derechos que los ciudadanos. Y los ciudadanos tienen el derecho de proponer una reparación económica para extinguir la acción. Y lo hice. Utilicé un derecho que tengo como ciudadano, no una prerrogativa como Presidente”.
Ahora el Presidente tiene un plazo de diez días hábiles para depositar el dinero en una cuenta bancaria del Instituto Malbrán, tal como habían propuesto sus abogados, Marcelo Antonio Sgro y Fabián Musso,. La semana pasada, el juez ya había formado un incidente en el expediente con los datos de esa cuenta.
En otra resolución, el juez también homologó el acuerdo alcanzado por la primera dama Fabiola Yañez, que ofreció donar 1,4 millón de pesos. ¿De dónde saldrá el dinero? La presentación ante el Fiscal Dominguez, a cargo de los abogados Juan Pablo Fioribello y su socio Mariano Lizardo, solo habla de una “ayuda económica familiar”. En los hechos, quien deberá hacerse cargo es el presidente. En total son 3 millones de pesos.
Infobae reveló que Alberto Fernández está tramitando un crédito para pagar esa suma. Según su última declaración jurada, correspondiente al 2020, el Presidente tenía un patrimonio total de 5,7 millones de pesos, sumando todos sus bienes. Sin mayores ahorros, declaró apenas 13.362 pesos de dinero en efectivo y bienes del hogar por 223.360 pesos. La donación acordada representa casi la mitad de ese patrimonio declarado.
Aunque esa cifra está desactualizada, porque ya pasó casi un año, el Presidente comentó en su entorno que no tiene 3 millones de pesos para hacerse cargo de las dos donaciones. Según pudo saber este medio, el crédito será por una cifra parcial.
Desde un comienzo, el objetivo de los abogados fue esquivar la indagatoria de Fernández y de la primera dama. El plan comenzó a gestarse antes a fines del año pasado. Luego de la feria judicial, la estilista de Yañez, Carolina Marafioti, a través de su abogado, Alejandro Rúa, ofreció una donación de 200 mil pesos. El “globo de ensayo” tuvo el acuerdo del fiscal Fernando Dominguez y abrió la puerta para la segunda etapa.
La causa judicial por el festejo del cumpleaños de Fabiola Yañez comenzó en Comodoro Py, pero en septiembre del año pasado pasó a San Isidro, cuando el Juez Sebastián Casanello se declaró incompetente y las partes decidieron no apelar.
El Presidente arrancó negando el hecho y hasta le echó la culpa en público a su mujer: “Fabiola convocó a un brindis que no debió haberse hecho”, llegó a decir en un acto. En el plano judicial, primero presentó un pedido de “falta de acción” firmado por él mismo, pero luego comenzó a escuchar a sus abogados y alineó su estrategia con el resto de las defensas.
Al menos tres de los invitados a la Fiesta, tal como reveló Infobae, circularon esa noche con un certificado que no tenía validez legal. Uno de esos invitados era Sofía Pacchi, una de las mejores amigas de Yañez, al menos hasta esa noche. Se trataba de certificados para “circular y transitar” que entregaba el intendente de la quinta de Olivos, Daniel Rodriguez. El dato surgió cuando la Jefatura de Gabinete respondió un pedido a la Justicia y reveló que cinco de los invitados no tenían un certificado de la aplicación CUIDAR.
Todavía está pendiente una definición sobre el resto de los imputados. En el caso de Fernando Consagra, Consagra, Emmanuel López y Santiago Basavilbaso ofrecieron montos cercanos a los 250 mil pesos y esperan una respuesta. Para justificarlo tuvieron que presentar declaraciones juradas y hasta contratos de alquiler. No ocurrió lo mismo con Alberto Fernández ni con la primera dama.
El resto de los imputados todavía no hicieron una presentación. En el caso del colorista Federico Abraham, sus abogados, el camarista federal Jorge Ballestero y Pablo Slonimsqui, harán un ofrecimiento en los próximos días, pudo saber este medio. En cambio, el abogado de Stefanía Dominguez, Mauricio D’Alessandro, seguirá batallando en Tribunales para intentar conseguir una declaración de inconstitucionalidad de los decretos firmados por el Presidente. El resto de los imputados son defendidos por el estudio de Fernando Burlando. Si no hacen un ofrecimiento en los próximos días, podrían terminar yendo a indagatoria.
Por Nicolás Pizzi
Fuente.- https://www.infobae.com
23 de Mayo de 2022
