La Abogada Micaela Gacek, presentó una denuncia penal federal contra el dirigente Héctor “Cacho” Bárbaro por presunta asociación ilícita, malversación de caudales públicos, administración fraudulenta y uso indebido de fondos federales.
La acusación apunta a un entramado de desvío de recursos provenientes del Fondo Especial del Tabaco (FET) y el otorgamiento irregular de pensiones no contributivas, utilizado para fines político-partidarios en beneficio del Partido Agrario y Social (PAyS).
La denuncia, de 40 páginas, detalla el funcionamiento de la Asociación de Campesinos Tabacaleros Independientes de Misiones (ACTIM) como eje central de las maniobras.
Según la abogada, ACTIM recibió más de 1.145 millones de pesos del FET en el mes de agosto del último año, sin que exista información pública clara sobre su uso. En la presentación judicial, se solicita que se investigue el destino de estos fondos y se sancione penalmente a los responsables.
Además de Bárbaro como principal acusado, Gacek incorporó en la denuncia a otros presuntos integrantes de la asociación ilícita: el Intendente de la localidad de Colonia Aurora, Carlos “Cali” Goring; Valtierra; Dos Santos; Nilson Brettin; y las Diputadas Provinciales; Elisa Goring y Blanca Alvez.
Estas últimas ya habían sido denunciadas por percibir pensiones por invalidez mientras ejercían cargos públicos, lo cual también fue incorporado como parte del esquema de fraude contra el Estado.
Entre las pruebas principales, la denuncia incluye testimonios con nombre y apellido de personas que formaron parte del “núcleo duro” del entorno de Bárbaro. Estas declaraciones detallan los desmanejos internos en ACTIM y señalan que la oficina de la asociación “funcionaba como una extensión de la ANSES”, facilitando el acceso discrecional a pensiones no contributivas, según se desprende de los relatos incorporados como prueba documental clave.
“Estamos hablando de más de mil millones que deberían haber llegado a los productores y no se ven por ningún lado. La plata desapareció en plena campaña electoral. Esto no es una sospecha: hay pruebas, nombres, documentos y testigos que lo confirman”, sostuvo Gacek, quien afirmó que la estructura delictiva tenía fines políticos y electorales.
A pesar de los ataques recibidos tras hacer pública la denuncia, la abogada reafirmó su compromiso con la transparencia. “No me van a correr con intimidaciones. Si queremos una política distinta, hay que animarse a decir la verdad. Esta denuncia no es una bandera de campaña: es un compromiso con la Justicia y con los misioneros que merecen saber qué hicieron con sus recursos”, concluyó.
